NUEVAS Y VIEJAS ACECHANZAS A LA LIBERTAD DE EXPRESION

informe anual 1996 / informe del primer semestre 1996 / cronología 1996

informe anual 1997 / informe del primer semestre 1997 / cronología 1997

1998
Informe semestral

NUEVAS Y VIEJAS ACECHANZAS A LA LIBERTAD DE EXPRESION

A las amenazas y las vías de hecho, a los exabruptos verbales de funcionarios, a las restricciones legales intentadas y a las demandas judiciales que el periodismo independiente ha padecido en los últimos años y que motivaron el surgimiento de esta asociación, se ha sumado otro tipo de acechanzas, más sutiles pero no por eso menos insidiosas. Algunas de ellas provienen del Estado, como los proyectos de ley para la creación de nuevos impuestos y la derogación del Estatuto del Periodista o de protección de los secretos de los funcionarios, aún cuando pudieran consistir en actos delictivos. Otras surgen del acelerado proceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación, del ingreso al mercado de grupos empresariales con intereses económicos tanto o más significativos en otras actividades y de sus relaciones no siempre claras con la política. El conjunto de estas circunstancias define un momento de especial dificultad para el ejercicio de un periodismo que sea independiente de las fuerzas políticas y los intereses económicos, sólo guiado por el servicio a las necesidades de información y análisis de la sociedad. En este contexto no es un dato menor el enmarañamiento de la investigación por el asesinato de José Luis Cabezas, en la que las dudas exceden a las certezas.

1. Tres proyectos de ley

Tres proyectos de ley amenazan la capacidad informativa de la prensa, por flancos distintos a los probados en los últimos años.

Esta asociación no es una cámara empresarial ni una asociación gremial. Sin embargo, comparte las preocupaciones de ambas en tanto determinadas medidas de gobierno puedan implicar formas indirectas de cercenamiento a la más amplia libertad de expresión, modificando las condiciones económicas o laborales que la propician. Así, PERIODISTAS participó en el mes de abril en la Asamblea de la Prensa Argentina autoconvocada para objetar la creación de nuevos impuestos a los medios de comunicación. Lo hizo con una posición propia, diferenciada de la de las cámaras empresariales. Aquel intento no puede dejar de vincularse con el propósito oficial de estorbar la acción independiente y reveladora del periodismo. El IVA a los medios ha sido siempre una herramienta del revanchismo oficial contra la prensa que el poder no puede manipular o, peor aún, de extorsión a los medios para que acomoden su trabajo a los deseos de los gobiernos a cambio de archivar la aplicación de más carga impositiva. Dados los antecedentes de un gobierno que no ha descansado en la búsqueda de restricciones legales para la libertad de expresión, es ostensible que ningún argumento económico puede tener más peso que la simple deducción de que estamos ante otro intento de aislar a los medios de comunicación de la sociedad o, al menos, de obstaculizar el acceso de los ciudadanos a sus fuentes de información, por vía del inevitable incremento de los precios que provocaría la mayor presión impositiva.

Lo mismo puede decirse del propósito de modificar las condiciones laborales de los periodistas, que por las mismas razones esta asociación rechaza. Con el pretexto de eliminar presuntos privilegios, estamos ante una nueva expresión de hostilidad oficial frente al periodismo, testigo molesto de prácticas que la sociedad cuestiona y que las autoridades preferirían mantener en sigilo.

El tercer proyecto de ley que esta asociación impugna es el de reforma al artículo 153 del Código Penal. Elaborado en respuesta a la justa preocupación pública por las escuchas de conversaciones telefónicas privadas, las soluciones que propone son más graves que el mal que pretende remediar. Altos funcionarios del gobierno nacional han afirmado que el propósito buscado no es castigar a los medios de comunicación sino a las organizaciones delictivas que por ese medio invaden la privacidad. Sin embargo, la lectura de su texto revela que la sanción alcanza a la prensa al penar "al que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, grabare o reprodujere sonidos o imágenes, sin su consentimiento". Esta ostendible discordancia entre las palabras y los actos de los funcionarios no realza la decaída confianza pública en las instituciones políticas.

El proyecto oficial habla de intimidad y secretos. Esta asociación prefiere emplear las sabias palabras del artículo 19 de nuestra Constitución histórica, protectora únicamente de aquellas "acciones privadas" que "de ningún modo ofendan al orden y a la moral publica, ni perjudiquen a un tercero". Sólo ellas están "reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados". Pero de ninguna manera es admisible extender esa protección a cualquier secreto, ya que dentro de esa categoría también entran los actos ilegales que funcionarios públicos desearían mantener desconocidos para la sociedad a la que burlan. Mientras la privacidad merece ser protegida de intromisiones indeseadas, los actos de corrupción deben salir a luz para bien de la salud republicana. Es tan impropia la confusión entre intimidad y secretos como la equiparación entre prostíbulos y despachos oficiales. Como nos resistimos a creer que esa haya sido la intención del proyecto de ley, solicitamos al Poder Ejecutivo que lo retire del Congreso y a los legisladores que no lo conviertan en ley.

2. Concentración y política

El surgimiento de grandes empresas de medios de comunicación no es algo negativo. Por el contrario, la abundancia de recursos y la especialización pueden contribuir a un mayor desarrollo de la capacidad informativa, como de hecho ha venido ocurriendo desde la privatización de los canales de televisión a principios de esta década. No es ese el problema. Mientras una oferta diversificada asegura la competencia y el pluralismo en la prensa escrita, la situación es distinta en los medios audiovisuales.

En los canales de aire de difusión nacional la concentración ha cobrado un impulso inusitado en parte gracias a la ausencia de una ley específica. En el ámbito de los canales de cable hay grupos que participan en o controlan la totalidad de la oferta de alcance nacional. Es precisamente en ese contexto donde es cada vez más importante que exista una transparencia absoluta sobre la propiedad de los medios. Por eso cuando algunos de estos nuevos conglomerados pertenecen a inversores extranjeros y a sociedades offshore, radicadas en paraísos fiscales que impiden conocer su verdadera composición accionaria, se alimentan las dudas del público sobre la requerida transparencia de los propietarios.

Ante la generalización de la incertidumbre pública, ni las entidades representativas de la actividad ni las autoridades gubernamentales deberían desentenderse de la cuestión, porque está en juego la libertad de expresión que es una de las conquistas más preciosas de la sociedad argentina desde la recuperación de la normalidad de sus instituciones.

Esta asociación ya hizo oir su voz el año pasado, cuando dos programas de televisión que incomodaron a aquellas jerarquías oficiales -uno conducido por Jorge Lanata y el otro por Luis Majul, Román Lejtman, Marcelo Longobardi y Alfredo Leuco- fueron levantados en el canal América, a pesar de su satisfactorio nivel de audiencia y de facturación publicitaria, al mismo tiempo que la empresa que adoptó tales decisiones competía en mil millonarias licitaciones de servicios públicos. En octubre del año pasado, el periodista Horacio Embón perdió su trabajo en el mismo canal de televisión responsable de aquellas sanciones encubiertas, en este caso por haber señalado -al margen de su labor profesional y en el transcurso de un reportaje que le hiciera una radio- el peligro para la libertad de prensa y de opinión que a su juicio surgía de estas nuevas formas de concentración en pocas manos. Debe señalarse que Embón trabajaba allí desde hacía nueve años y nunca había tenido conflicto alguno. En abril de este año también fue rescindido su contrato con el Canal 9, al ingresar a su accionariado la empresa Torneos y Competencias. El modo en que esto ocurrió es especialmente cuestionable, ya que sin previo aviso ni explicaciones, se prohibió el acceso de Embón a las instalaciones donde trabajaba. PERIODISTAS no cuestiona las facultades de las empresas como editores responsables para decidir sobre su programación, pero señala que no pueden emplearse en forma arbitraria y ofensiva, y advierte contra el riesgo de reaparición de listas negras de los profesionales de prensa.

Si a esto se suman las relaciones políticas de algunos de los directivos de estos grupos económicos con los más altos niveles del gobierno nacional y la incorporación a ellos, en tareas de ingeniería jurídica o financiera, de ex ministros que abandonaron el Poder Ejecutivo Nacional en medio de grandes escándalos de corrupción, termina de configurarse un cuadro inquietante, que debe ser señalado cuando los efectos negativos sobre el libre flujo de información y opinión aún no son irremediables.

3. El asesinato de Cabezas

A un año y medio del asesinato de José Luis Cabezas, la investigación judicial sigue rodeada de enigmas que nadie ha explicado satisfactoriamente. Un caso que debería ser modelo de transparencia se ve en cambio plagado de dudas, debido al grado de politización que se pone de manifiesto ante cada alternativa de importancia de la causa, la injerencia intentada en el expediente por los gobiernos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y por jueces de otras jurisdicciones, la muerte de uno de los imputados en la causa, quien se quitó la vida luego de permanecer dos semanas prófugo, la de una testigo jóven que entró en perfecto estado de salud a una sala de partos y la del custodio de la familia de otro testigo. La Cámara de Apelaciones de Dolores valoró en una de sus resoluciones la importancia de la labor de la prensa y de la movilización social para que ese crimen no quedara impune. Lo mismo ocurrió en Catamarca luego del asesinato de María Soledad Morales o en el Comahue y en la Patagonia a raíz del asesinato del soldado Omar Carrasco. Todas las semanas los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA también reclaman por su esclarecimiento y el castigo a los culpables. Efectivamente esa enorme energía social actúa a modo de advertencia, mantiene vivo el reclamo sobre las autoridades y acota los riesgos de impunidad. Pero de ninguna manera puede substituir a los mecanismos institucionales llamados a discernir lo ilusorio de lo cierto y, junto con la verdad, determinar las responsabilidades.

La detención de los presuntos autores materiales y de uno de los instigadores del horrendo crimen y la identificación de quien habría sido su autor intelectual parecen avances significativos en ese camino. Pero sigue faltando un relato coherente que dé cuenta no sólo de los actos sino también de las motivaciones de cada uno de los protagonistas y de las relaciones entre ellos. Varios aspectos oscuros de la investigación deberían ser explicados con el mayor detalle:

La introducción de un confidente policial cuya misión era confundir y desviar las pistas. Antes de que terminara procesado y detenido como partícipe en el homicidio recibió dinero y recursos por parte de la instrucción de la causa, según una figura jurídica inexistente. Aunque la Cámara de Dolores describió este episodio ya en mayo del año pasado como "una diabólica maniobra" destinada a "obstaculizar el desarrollo de la investigación" centrándola "en las persona equivocadas", y recomendó al juez "determinar la identidad de quienes programaron y llevaron a cabo esta incalificable trama", un año después nada se ha avanzado en ese sentido
El recorrido del arma homicida, que aparece y desaparece con la facilidad de una película fantástica y no de una investigación judicial seria.
Los sucesivos peritajes y autopsias que se contradicen los unos a los otros y las imprecisiones en la reconstrucción del crimen.
El rol de los abogados defensores de los presuntos asesinos, que carecen de recursos económicos, y el misterio acerca de quien paga su honorarios.
La confesión de la esposa de uno de los detenidos, que intentó presentarse como un desborde emocional impremeditado, durante un acto procesal con otro objeto. Sin embargo, un legislador nacional por la provincia de Buenos Aires había anticipado dos semanas antes a periodistas que esa novedad se produciría, lo cual cuestiona su presunta espontaneidad.

Si el asesinato del reportero gráfico provocó un hondo desasosiego, por lo que implicó como tentativa de privar a la sociedad de la información que requiere para una toma racional de decisiones, los manejos irregulares en torno de la investigación de su muerte confirman que existen causas para la mayor preocupación. Lo que la sociedad argentina reclama no es el acercamiento a la verdad por medios ilegales ni, mucho menos, la condena de inocentes, porque ya ha experimentado el efecto destructivo de la adopción por el Estado de conductas distintas a las prescriptas por las leyes. El desafío que el crimen de Cabezas plantea es el de construir instituciones sanas, limpias, eficientes que provean la seguridad y la justicia que la sociedad argentina desesperadamente reclama y se moviliza por ella.

4. Prensa y Justicia

Desde hace años, el gobierno nacional y sus funcionarios han recurrido a la Justicia como uno de los medios de obturar el libre flujo de información, a través de la imposición de castigos a medios y periodistas. En los últimos meses ha habido sentencias que indican que esa táctica constituye una amenaza eficaz.

En ese sentido deben destacarse muy especialmente tres fallos:

El de la Cámara Civil de la Capital que condenó a la revista Noticias a pagar una indemnización de 150.000 pesos por difundir información sobre el Presidente de la Nación que los propios jueces autores de la sentencia consideraron verdadera. La lectura del voto mayoritario de la sentencia de la sala H de la Cámara Civil contra Noticias asombra por la irrelevancia de las analogías a las que recurre, como el caso de una ex prostituta que reclama el derecho al olvido del pasado o los hijos de los actores Gerard Philippe o Romy Schneider, que nada tienen que ver con el interés público. Aunque los jueces sostienen que "si el presidente hizo manejo indebido de los fondos públicos debería ser juzgado por ello, y si una diputada se enriqueció indebidamente también", no explican cómo trascenderían estos hechos a la opinión pública y a la Justicia, si no fuera por la labor de una prensa vigorosa e independiente, que fallos retrógrados como este desalientan e intimidan. No es admisible anotar en la columna de la vida privada del Primer Magistrado de la Nación actos públicos, producidos en sitios oficiales y con asistencia de ministros y legisladores; episodios que dieron motivo a causas judiciales de interés patrimonial; denuncias sobre el robo de joyas valuadas en decenas de miles dólares que habrían sido regaladas por el jefe del Poder Ejecutivo; y arreglos extrajudiciales que motivaron diálogos de urgencia con el jefe de gobierno del Paraguay. La confirmación de esta sentencia por la Corte Suprema de Justicia convalidaría una alarmante confusión entre lo público y lo privado propiciada desde el gobierno nacional. PERIODISTAS advierte sobre el gravísimo riesgo en que se encuentra por decisiones de este tipo la libertad de expresión en nuestro país y ratifica el compromiso con su defensa por el cual fue creada como organización no gubernamental. Todos ellos conspiram contra el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los actos de quienes han elegido para gobernarlos.
El de una jueza civil de la Capital que condenó a Telefé y a Bernardo Neustadt a pagar una indemnización de 80.000 pesos a otra jueza, por afirmaciones de una invitada al programa "Tiempo Nuevo". La sentencia reconoce que Neustadt le advirtió que fuera cuidadosa con la honra ajena y que en una emisión posterior descalificó los cargos contra la magistrada, lo cual torna más endebles los fundamentos de la sentencia que lo castigó. Si los medios gráficos no pudieran reproducir las afirmaciones vertidas en expedientes judiciales sobre episodios de enorme interés público y los programas de televisión debieran censurar los dichos de sus huéspedes por temor a la sanción judicial, poco quedaría en la Argentina de la prensa inquisitiva y vigorosa que una democracia sólida requiere.
El de la Corte Suprema de Justicia que obligó al diario Página/12 a publicar la respuesta a un artículo periodístico cuya inexactitud no fue demostrada en juicio. La causa fue iniciada por Domagoj Antonio Petric, quien fue mencionado en el diario como reclutador y organizador de grupos de mercenarios para combatir junto a las fuerzas croatas en la guerra de los balcanes. El fallo sostiene que "la rectificación no propicia oportunidades para las plumas sin editores" y sólo debe recaer "sobre los aspectos fácticos" y no sobre "la opinión, las ideas, las valoraciones". Sin embargo, el propio expediente judicial deja suficientemente en claro que las informaciones publicadas por el diario tenían sustento en distintas fuentes nacionales e internacionales, que el medio no se negó a revelar. Ni eran falsas ni constituían agravios al demandante. Algunos considerandos son especialmente inquietantes. El del ministro Carlos Fayt, por ejemplo, quien sostiene que la rectificación es el medio idóneo para que "todo aquel que se sienta afectado por la difusión de noticias o hechos que lo conciernan y a los que considere falsos, erróneos, tergiversados o lesivos a sus valores esenciales, pueda difundir, por el mismo medio, gratuitamente y en condiciones análogas su propia versión de la noticia". De este modo se invierte la carga del prueba y, salvo demostración en contrario, se presume la falsedad alegada por quien se siente afectado por una noticia. Esto es más explícito aún en el voto del ministro Antonio Boggiano: "No será preciso para el ejercicio de la rectificación acreditar que la noticia propalada haya sido realmente inexacta; ni se requerirá que el respondiente aporte los elementos de prueba que respaldarían su mentís". En este caso, por el contrario, el medio aportó la prueba de sus afirmaciones, pero la Corte la desdeñó sin un análisis razonado. PERIODISTAS entiende que la gravedad de este fallo, que afecta en forma directa el derecho de los editores a decidir qué información publican y el derecho de propiedad al obligarlos a ceder sus páginas a cualquier persona mencionada en ellas que crea no haber sido tratada como merece, aún no ha sido percibida en toda su magnitud.

Sobre estos casos puntuales es posible emitir opiniones específicas, evaluando el mérito o no de las decisiones de los tribunales, tal como acaba de hacerlo esta asociación en los párrafos precedentes. Pero cuando algunos jueces emiten juicios de disvalor globales sobre la prensa en su conjunto, la preocupación es mayor porque señala que existe un terreno abonado para futuras arbitrariedades. Por ello, esta asociación observa con inquietud reacciones de tipo corporativo como la que se aprecia en sucesivos documentos de la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Uno de ellos atribuye la desconfianza pública en la Justicia a "los medios de comunicación, dedicados a poner en evidencia los aspectos más negativos y desagradables del sistema, omitiendo destacar lo mejor que tiene el Poder Judicial: sus integrantes, anónimos magistrados y funcionarios que realizan diariamente su trabajo en forma responsable y silenciosa, muchas veces sin contar con los medios y la infraestructura indispensables, pero que jamás serán tapa en los diarios". Otra añade que "cada día nos provoca mayor dolor observar que en los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos) se cuestiona con inusitada dureza el comportamiento de los jueces. Se suma a esto que la ciudadanía se hace eco del mensaje. Realmente, la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial estamos hartos de soportar esta situación tan injusta y humillante, que pone en duda no sólo la bondad de nuestro trabajo sino, peor aún, nuestra honestidad". La solución propuesta fue contratar a un jefe de prensa o similar "para que intente exponer ante la opinión pública los mensajes que estimamos correctos", tarea que "debe ser el fruto de una estrategia diseñada, en la que pensamos que también puede participar un experto en imagen". Por otra parte, un diagnóstico similar llevó a decisiones análogas a la Corte Suprema de Justicia.

Esta visión conspirativa del rol de los medios de comunicación puede dar lugar a posiciones prejuiciosas y beligerantes, como las sostenidas en dos casos recientes por un juez provincial de Córdoba y otro de la Capital Federal. Al condenar al director del diario La Voz del Interior, a un mes de prisión y al pago de una indemnización de 150 mil pesos por "daño moral" a un empresario del juego por dinero, el juez cordobés Daniel Molinari Moyano formuló apreciaciones genéricas sobre la prensa, sin relación alguna con la causa que debía juzgar y ni siquiera con el país en el que vive. Mencionó, por ejemplo, una encuesta efectuada por una consultora en los Estados Unidos, según la cual "se exigía a los medios de comunicación noticias de interés comunitario, no escándalos o escandaletes, ni siquiera relacionados con el mundo del espectáculo". También calificó como deshonestos y "factor de perturbación para la vida de las demás personas" a aquellos periodistas que "temieron y temen que se legisle sobre el derecho de réplica" y a "quienes bregaron por conseguir que se derogase, como conducta punible, el desacato".

En la causa por la cual una sala de la Cámara del Crimen de la Capital dispuso el procesamiento por privación ilegítima de la libertad de dos oficiales de la Policía Federal que en la Sociedad Rural detuvieron a un grupo de personas que se manifestaron en contra de la gestión del presidente de la Nación, el voto en disidencia del juez Guillermo Rivarola contiene también palabras que revelan un profundo desdén hacia la prensa en general, sin asidero en las constancias de la causa. Al referirse a los periodistas que presenciaron los hechos y que declararon como testigos, el doctor Rivarola sostuvo que debía ser desestimados como prueba "pues bien se sabe del sensacionalismo televisivo y de la búsqueda del tan preciado rating". Esta opinión, perfectamente legítima en un particular que comunica su visión del tema a quien esté interesado en conocerla, no es admisible en un acto jurisdiccional.

Esta asociación no se propone antagonizar con los jueces, cuya función es básica para el correcto funcionamiento del sistema institucional. Pero desea llamar la atención, no en forma genérica sino a partir de casos concretos como los mencionados, sobre actitudes que, lejos de revertir la imagen de la Justicia que con toda razón preocupa a los magistrados honestos y laboriosos, probablemente contribuirá a reforzar un descrédito y aislamiento que el periodismo independiente no propicia ni celebra. PERIODISTAS exhorta, tanto a nuestros colegas como a quienes ejercen la jurisdicción, a ser severos pero cuidadosos en las referencias a casos concretos en los que merezca reproche el desempeño de un magistrado o magistrada o de un o una periodista, y a evitar caracterizaciones globales y emblocamientos corporativos.

Buenos Aires, julio de 1998.

Cronología del primer semestre de 1998

ENERO

6 de enero: El gobierno de Cuba se negó a otorgarle a los periodistas Matilde Sánchez, del diario Clarín, y Mario Pérez Colman, de La Nación, la visa requerida para realizar la cobertura periodística de la visita del papa Juan Pablo II a la isla. Al justificar la decisión del gobierno cubano en el caso del diario La Nación, la consejera de prensa de la embajada de Cuba en la Argentina, Concepción Muñoz, afirmó oficialmente que el gobierno de su país no daría la visa solicitada porque redactores de ese medio "habían violado reiteradamente las leyes cubanas al haber informado desde la isla sin pedir autorización especial del gobierno". La funcionaria citó el caso de la periodista Silvia Gsell, quien había informado desde la isla sobre los festejos de Navidad y los preparativos para la visita del Papa. Rodolfo Pousá, designado por el canal América para cubrir la visita, denunció que él tampoco recibió la visa del gobierno cubano. Según Rubén Saig, gerente de noticias del canal, el motivo esgrimido por el gobierno de la isla habría sido "la forma tendenciosa" de un programa especial que Pousá había realizado en octubre sobre la isla.

6 de enero. Dos ex policías que utilizaban su condición de panelistas del programa "Mediodía con Mauro" para extorsionar a un colega fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Se trata del sargento Pedro Avio, exonerado de la policía por robos reiterados, y del ex agente Miguel Pajón. Ambos habían pedido 100 mil dólares al subcomisario Adolfo Campisi, para no mencionarlo en el programa de Mauro Viale en relación con el comercio de estupefacientes. Campisi había sancionado a Pajón por indisciplina. Los detenidos llevaban encima parte del dinero que Campisi les había entregado como adelanto. Cuando Campisi denunció que era víctima de una extorsión desde el programa de televisión, el juez Gustavo Garibaldi grabó las conversaciones telefónicas en las que se negoció el pago de la suma exigida y marcó los billetes. A pedido de la víctima la Justicia investiga si la producción de "Mediodía con Mauro" tomó parte en la extorsión.

14 de enero: En un reportaje con la periodista de la revista trespuntos, Gabriela Cerruti, el capitán de fragata (R) Alfredo Astiz declaró: "Yo soy el hombre mejor preparado técnicamente en este país para matar a un político o a un periodista". También dijo que los periodistas "tienen que cuidarse, van a terminar mal". A Cabezas "lo mataron. Pero no exageren, no es para tanto. ¿Por qué tanto escándalo con Cabezas?". Astiz negó haber pronunciado esas palabras, pero a raíz de ellas la Armada solicitó, y el presidente Carlos Menem firmó, su destitución. El juez Claudio Bonadío decidió procesarlo por amenazas.

23 de enero: El periodista Roberto Fernández González, corresponsal del diario La Arena en la ciudad de Bernardo Larroudé, provincia de La Pampa, fue amenazado por Rubén Acosta, esposo de la funcionaria municipal Graciela Zapata. La localidad de Bernardo Larroudé es gobernada por el PJ y durante 1997 La Arena denunció la existencia de irregularidades administrativas en ese municipio.

24 de enero: A horas de cumplirse un año del brutal asesinato de José Luis Cabezas y mientras asociaciones de prensa de todo el país se preparaban para recordarlo, Pinamar volvió a ser escenario de agresiones a la prensa. El peluquero Roberto Giordano encerró e intimidó en una oficina del aeropuerto de Villa Gesell al camarógrafo del canal América, Jorge Sánchez, para obligarlo a borrar la imágenes que habían tomado del actor belga Jean Claude van Damme, invocando un contrato de exclusividad. "El sábado, a las 14.30, vimos bajar del avión a van Damme y nos acercamos a él con la intención de hacerle una nota", explicó la cronista Marina Céspedes, compañera de Sánchez. "Nadie nos detuvo y por eso hicimos el reportaje. Pero cuando nos retirábamos, fuimos interceptados por Giordano y unos seis patovicas. Nos trataron de ladrones e increparon al camarógrafo diciéndole que borrara la nota", agregó. A continuación apartaron a Sánchez y lo introdujeron en una oficina del aeropuerto, donde, tras presionarlo, lograron que borrara las tomas obtenidas. El juez Héctor Musumano, dispuso la detención de Giordano y de sus seis guardaespaldas por el presunto delito de "coacción e instigación al robo en grado de tentativa".

25 de enero: Se cumplió un año del brutal asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Con el fin de exigir el total esclarecimiento del crimen, que todavía continua impune, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), La Red Nacional de los Periodistas-Trabajadores de Prensa y la Comunicación, los trabajadores de la revista Noticias, la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP), la Asociación de Corresponsales Extranjeros, el Taller Escuela Agencia (TEA) y los familiares de José Luis Cabezas convocaron a un Acto contra la Impunidad, que se llevó a cabo el día 25 en Pinamar, la misma ciudad balnearia donde mataron al reportero gráfico. Del acto participaron unas 6,000 personas. En representación de PERIODISTAS, concurrieron Santo Biasatti, Magdalena Ruiz Guiñazú, Ernesto Tiffenberg, Carlos Gabetta, Rogelio García Lupo, Nelson Castro, James Neilson y Horacio Verbitsky. También se acercaron hasta Pinamar los principales líderes de la oposición -entre ellos el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando De la Rúa, y el líder del Frepaso, Carlos "Chacho" Alvarez-, y algunos funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires. No hubo en cambio ningún funcionario del gobierno nacional de Carlos Menem. En representación de PERIODISTAS, Verbitsky dijo que la sociedad argentina estaba harta de impunidad y exigía justicia.

26 de enero: Un día después del masivo reclamo de justicia por el asesinato de José Luis Cabezas, el vicepresidente de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), Esteban Mac Allister, recibió un mensaje amenazador en el contestador automático de su oficina de Buenos Aires. "Has muerto, has muerto", grabó una voz masculina, distorsionada, como de ultratumba. Mac Allister fue el último orador del acto del domingo 25 en Pinamar. El mensaje fue grabado horas después del discurso, o quizás al mismo tiempo, en un número poco conocido del reportero. La noticia fue dada a conocer en una conferencia de prensa de la que participaron el propio Mac Allister, el secretario de prensa de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), Héctor Sosa, el presidente de ARGRA, Osvaldo Barattucci, y Oscar Serrat, de PERIODISTAS. ARGRA denunció además, que varias delegaciones de trabajadores de prensa de la provincia de Corrientes que el domingo 25 viajaban rumbo al acto de Pinamar, fueron detenidas por la policía al cruzar a la provincia de Entre Ríos para pedirles documentación y para identificar a cada uno de sus integrantes, anotando sus nombres y números de documento antes de dejarlos seguir viaje. ARGRA, PERIODISTAS y UTPBA, denunciaron también que el día 22 de enero, varios periodistas del periódico El Diario de Paraná, Entre Ríos, recibieron en la redacción el siguiente mensaje: "Paren la mano con el tema de Cabezas y los zurdos desaparecidos. No hay 'Cabezas' duras, sólo tipos 'Cabezaduras'. No se olviden de Cabezas, hacen el acto el 25 y reventamos 'chupatintas'". El mensaje estaba firmado por la "Agrupación Malvinas, Rivadavia 180, 3100. Paraná" pero tenía un membrete que decía "Provincia de Buenos Aires, Jefatura de Policía, Delegación Entre Ríos, Grupo de Tareas 8".

27 de enero: Un desconocido llamó en dos oportunidades a la redacción de la revista trespuntos y dejó un mensaje para la periodista Gabriela Cerruti: "Decile que somos el Comando Cueva. Que se cuide porque es boleta". La Cueva, según la periodista amenazada, es el nombre que los amigos de Emilio Massera dan al salón donde se reúnen en el Círculo Naval.

28 de enero: El periodista de Santa Cruz Pablo Tosco fue agredido a golpes por desconocidos. Tosco, además de sus tareas periodísticas es miembro del Sindicato de Prensa de esa provincia.

28 de enero: El periodista Germán Hergenrether, del diario Ciudadano Cañuelense, de Cañuelas, fue atacado a trompadas por Oscar Fernández, un puntero político del PJ local, molesto por el contenido de un artículo periodístico.

30 de enero: El informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo del Departamento de Estado del gobierno norteamericano advierte que la libertad de prensa se encuentra "en peligro" en la Argentina. "Hay periodistas que han sido amenazados y uno ha muerto, lo que ha puesto en peligro la libertad de prensa", dice el informe en referencia al asesinato de José Luis Cabezas. Además agrega que "hay generalizadas sospechas de que Cabezas fue asesinado porque había estado investigando la participación policial en actividades delictivas" y cuestiona la investigación del homicidio que lleva adelante el juez José Luis Macchi. "Fue detenido un ex jefe de la Policía de Pinamar del que se sospechaba que había cometido el asesinato, pero el motivo no era claro y a fines de año el juicio (oral y público) todavía no había comenzado", dice el informe. Además afirma que "un grupo de prominentes periodistas, la Asociación para la Defensa del Periodismo Independiente (PERIODISTAS), reseñó numerosas amenazas a periodistas en todo el país luego del asesinato de Cabezas, muchas bajo la forma de llamados telefónicos anónimos" y que "la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA afirmó que mientras el asesinato de Cabezas no fuera resuelto y no hubiera una respuesta adecuada a la interminable e inaceptable serie de amenazas a periodistas y medios, seguiría sosteniendo que la libertad de prensa existente en el país desde 1983 está seriamente en peligro", dice el informe.

FEBRERO

1 de febrero: El periodista David Leiva, director de la radio Nueva Argentina y del quincenario La Opinión de Orán, en el norte salteño, fue víctima de varios disparos de arma contra su domicilio. Desde mediados de enero, el periodista venía recibiendo amenazas de muerte por teléfono y por carta. La causa de las amenazas fue un artículo publicado en el segundo número de su periódico en cual relataba un procedimiento efectuado por Gendarmería el 2 de diciembre del año pasado. En ese episodio fue detenido el dirigente justicialista local Eduardo Augusto por llevar 1,8 kilos de cocaína en un portafolios. Leiva difundió la información en su radio y en su periódico. En principio no hubo reacción, pero el 6 de enero, desde la comuna oranense, le comunicaron que le suspendían la publicidad oficial. El 15 de enero, Leiva recibió la primera amenaza telefónica contra su vida y la de sus hijos. Luego siguieron dos llamadas más y una carta. La reacción de los funcionarios del gobierno de Orán fue desacreditar a Leiva. Por su parte, el vice gobernador de la provincia, Walter Wayar, ordenó que se le asigne custodia policial al periodista y el secretario de Seguridad de la Gobernación, Ricardo Faiad, confirmó la existencia de las amenazas.

5 de febrero: Los periodistas Osvaldo Gazzola y Pedro Scarano denunciaron haber recibido amenazas de muerte. Gazzola es integrante del Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que investigaba las cuentas suizas de los capitanes de la Armada Alfredo Astiz y Jorge Acosta, ambos procesados por secuestros y torturas de detenidos, durante la guerra sucia, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Gazzola recibió una llamada telefónica en su domicilio particular en la que una voz femenina le indicaba: "Periodista de mierda, te vamos a matar como a Cabezas" y a continuación describía físicamente a una de sus hijas. Por su parte Scarano recibió la amenaza a través de una carta enviada a Página/12 con el siguiente texto: "10 de febrero. No se olviden de Pedro Scarano por botonear a Atilio Alvarez y por dejarnos sin laburo. Lo vamos a matar a él y a sus hijos". La carta contenía la imagen de José Luis Cabezas y un remitente falso. Scarano es autor de una investigación sobre desvíos de fondos en el Consejo del Menor y la Familia (un organismo gubernamental que depende de la Presidencia de la Nación) que le costó el puesto a su titular, Atilio Alvarez.

10 de febrero: La Cámara Nacional en la Contencioso Administrativo Federal obliga a la Policía Federal a entregar al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) los datos estadísticos que el organismo necesita para la elaboración de su informe sobre derechos humanos. De esta manera la Cámara reafirmó el derecho que tiene todo ciudadano de pedirle al Gobierno que informe sobre sus actos.Los camaristas dejaron firme la sentencia de la jueza en los Contencioso Administrativo Susana Córdoba, que en mayo del año pasado le ordenó a la Policía Federal que "cese en la actitud renuente en brindar información" al CELS. Citando a la Convención Americana de Derechos Humanos -el Pacto de San José de Costa Rica, que en Argentina tiene jerarquía constitucional-, la Cámara le recordó a los policías que el artículo 13 de la Convención establece que "el derecho a libertad de pensamiento y expresión (...) comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras". En febrero de 1996 el CELS había pedido a la Policía Federal datos estadísticos sobre personal policial muerto, detenciones por averiguación de identidad, y detenciones por edictos. La policía solo dio datos parciales porque dijo "no poseer ni estar en condiciones de suministrar mayores datos".

13 de febrero: El columnista de LT10 de Santa Fe, Edgardo De Luca, fue impedido de salir al aire en el programa "Lo que queda del día". Dos días después, el periodista fue despedido. Según denunció De Luca a esta asociación, "el director de la radio, Guillermo Schneider, cedió a los desplantes combinados del gobierno de Jorge Obeid y de un sector de propietarios del diario El Litoral, porque mi nota del miércoles insistió con las denuncias sobre corrupción en el puerto. El presidente del Ente Porturario se llama Néstor Vittori y casualmente es accionista de El Litoral y de LT9". En diciembre de 1996 De Luca fue despedido de El Litoral -medio en donde llegó a ser prosecretario de redacción- por pedido de Vittori. En diciembre de 1997 De Luca perdió su puesto en el diario La Provincia, donde había entrado apenas un mes antes. "El 30 de diciembre se publicó mi última nota en la que denuncié las demoras en la auditoría portuaria y revelé algunos datos del presidente", explicó el periodista santafesino sobre ese episodio.

19 de febrero: El periodista Luis María Castellanos, quien admitió amistad con el hijo del ex jefe de la Armada Emilio Massera, fue citado a declarar en la causa judicial en la que se investiga el destino del periodista Rodolfo Walsh, secuestrado en 1977 por un pelotón de la Escuela de Mecánica de la Armada. Castellanos dijo que admiraba a Walsh pero que nunca había preguntado por su suerte a Massera. "Esas eran preguntas que no se le podían hacer a un militar en esa época", dijo.

24 de febrero: "Zurdo hijo de puta, volvete a Buenos Aires!", le gritaron en San Miguel de Tucumán al enviado especial de Página/12, Fernando Almirón, desde un Renault 9 rojo. Almirón se encontraba en esa ciudad cubriendo la crisis política desatada luego conocerse que el gobernador de la provincia, Antonio Bussi, poseía una cuenta bancaria en Suiza desde 1986, la cual olvidó incluir en su declaración jurada cuando era diputado de la Nación en 1993. Bussi fue interventor militar en Tucumán durante la dictadura.

24 de febrero: Ese mismo día, durante su acto de afiliación al Partido Justicialista, el actual intendente de San Miguel y ex líder carapintada de los alzamientos militares de Semana Santa en 1987 y de Monte Caseros en 1988, Aldo Rico, insultó a los periodistas presentes y los echó del pequeño local donde se celebraba el acto.

26 de febrero: FAMPSU, Familiares de Muertos por la Subversión en Tucumán calificó como "maleantes del ERP" a los "dueños de la prensa oral, escrita y televisiva, periodistas", a quienes les declaró "la guerra abierta, ojo por ojo y diente por diente". Pablo Walter, legislador de Fuerza Republicana, dijo que condenaba estas amenazas "así como las palabras agraviantes de la oposición. Ya que así como los primeros se esconden en el anonimato los legisladores se escudan en sus fueros. Ninguno de los dos extremos son buenos".

27 de febrero: Marcelo Laghi, periodista de Telefé Noticias, fue amenazado de muerte en la localidad balnearia de Aguas Verdes, en la provincia de Buenos Aires, por cuatro personas que circulaban en un Peugeot 504. Uno de los malechores llevaba una escopeta Itaka y tenía el rostro cubierto. "No sigas averiguando, porque la próxima no la contás", le gritaron a Lagos y luego escaparon. El periodista estaba realizando una investigación en Las Armas, pero dijo desconocer el origen de las amenazas. El gerente de noticias de Telefé, Hugo Ferrer, aseguró que "estamos colaborando para el esclarecimiento de este grave hecho".

27 de febrero: La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Salta ratificó la condena a tres meses de prisión por injurias contra el periodista Héctor Aballay. El incidente comenzó el 25 de marzo de 1995, cuando el periodista formuló en la Radio Guapel, de la localidad de Salvador Mazza, duras declaraciones sobre la gestión del intendente justicialista Francisco Ibáñez. El funcionario, luego de concurrir al programa y usar su derecho a réplica con duros términos contra Aballay, presentó una demanda por calumnias e injurias ante el juez correccional Osvaldo Miguel Chedna. En esa instancia, Aballay fue sobreseído de calumnias, pero condenado por injurias. Planteado el recurso de casación, el magistrado no hizo lugar por presentación fuera de término, ante lo cual Aballay concurrió en queja a la Corte de Justicia. Sin embargo la Corte rechazó el recurso y dejó firme la condena por injurias. Ahora la defensa del periodista planea acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque Aballay advirtió que no tiene recursos para seguir litigando. Aballay, de 44 años, nacido en Mendoza y con título de profesor en Ciencias de la Educación, se radicó en el norte salteño y desde 1990 ejerce el periodismo.

La policía de Salta detuvo a Juan Pérez, alias El Turco, por amenazas al periodista Martín Grande, del Canal 11 de televisión. Cuando Grande terminó su programa "Despertar", al salir a la calle Pérez le tendió la mano. Pero en vez de saludarlo se la dobló hasta inmovilizarlo. "Dejate de hablar c..., mirá que soy del Proceso, soy duro de verdad", exclamó el agresor. El periodista declaró que desconocía el motivo de la amenaza, aunque aseguró que continuará con su estilo habitual, caracterizado por sus comentarios críticos al oficialismo.

Zulema Yoma acusó al secretario de medios de la presidencia, Raúl Delgado, de presionar a las empresas periodísticas para que no investiguen la muerte de su hijo Carlos Menem Yoma. La señora Yoma junto con el presidente Menem solicitaron a la Justicia que cambiara la calificación del hecho. No creen que haya sido un accidente y sostienen que se trató de un atentado criminal.

30 de abril: Sin previo aviso y sin que se la dirección de la empresa le informara oficialmente la decisión de rescindir su contrato, el guardia de la puerta de Canal 9 le prohibió la entrada al periodista Horacio Embón quien hasta ese momento se desempeñaba conduciendo el noticiero.

MARZO

2 de marzo: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) decidió crear una Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión. También creó un Fondo Voluntario en el que se depositarán los recursos necesarios para su funcionamiento. La decisión de crear la Relatoría busca fortalecer substancialmente las actividades que la Comisión ha venido desarrollando hasta el presente, "a través de su sistema de peticiones individuales (casos sobre censura, casos de crímenes impunes contra periodistas y casos sobre amenazas y restricciones a los medios de comunicación social)", mediante visitas especiales a distintos países o "informes especiales (como en el caso de las leyes de desacato)" y adoptando "medidas cautelares para actuar prontamente en aquellos casos que han requerido acciones urgentes", afirmó el Comunicado difundido en Washington. La libertad de expresión es importante "para la existencia y desarrollo no sólo de una sociedad democrática y un estado de derecho, sino de los demás derechos humanos". El mandato de la Relatoría consistirá en "elaborar un informe anual sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en las Américas, el cual será considerado por el pleno de la Comisión para su aprobación e inclusión en su Informe Anual a la Asamblea General; elaborar informes especiales y temáticos que le sean solicitados por la Comisión; reunir toda la información necesaria para la elaboración de esos informes; realizar las actividades de promoción que le encomiende la Comisión, y llevar inmediatamente al conocimiento de la Comisión, y si ésta no estuviere reunida a su Presidente y/o su Secretario Ejecutivo, situaciones graves que ameriten la adopción por parte de la CIDH de medidas cautelares y otras respuestas rápidas o inmediatas que se requieran, con base en el Estatuto y en el Reglamento de la Comisión, en virtud de lesiones o amenazas que involucren el derecho a la libertad de expresión". Uno o más miembros de la Comisión coordinarán la tarea de la Relatoría, con la asistencia de un Grupo de Trabajo que formarán el Secretario Ejecutivo y "tres personas provenientes de los diversos sectores interesados en el área".

3 de marzo: Frente al medio millar de simpatizantes que se reunieron frente a la Casa de Gobierno de Tucumán, el gobernador Antonio Domingo Bussi acusó a los medios de prensa de Buenos Aires de integrar una campaña en su contra. Sus seguidores le gritaron "zurdo" e insultaron al cronista de Telefé Noticias, Gustavo Paniza.

4 de marzo: Fue agredido el editor periodístico Pablo Colazo, responsable de la revista infantil Genios, del grupo Clarín. Colazo denunció que durante la madrugada, dos botellas de vidrio llenas de alquitrán explotaron en la vereda de su vivienda, ubicada en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Además en algunas fachadas de la cuadra aparecieron pintadas de aerosol en las que lo acusaban de "traidor". Dos días antes la Editorial Atlántida había denunciado penalmente a Clarín y a Colazo, acusándolos de robarle la idea y el diseño de Genios. Hasta diciembre, Colazo había sido director de Billiken, otra revista infantil de Atlántida.

5 de marzo: El juez de Salta Pablo Mariño condenó a cuatro meses de prisión en suspenso al periodista Mario Peña, director de FM Aries, en una causa por injurias iniciada por el presidente de la Corte de Justicia, Rodolfo Urtubey. Urtubey había denunciado al diaro Eco del Norte -del cual Peña era director- porque lo había relacionado con una presunta maniobra para excluir de la Corte a dos ministros, en connivencia con el Partido Justicialista, por entonces opositor al partido de gobierno provincial. La sentencia obliga al periodista a pagar una indemnización de 10 mil pesos por daño moral, más un recargo del 6% anual y las costas del juicio.

6 de marzo: El automóvil del director del periódico El Diario, de Resistencia, Chaco, Bernardo Balbuena, fue rociado con combustible e incendiado en la vereda del diario. Este es el segundo ataque sufrido por un directivo de El Diario. El anterior fue en 1995, cuando dos desconocidos arrojaron ácido sobre el vehículo del administrador del medio, Raúl Elena.

6 de marzo: Al condenar al periodista Miguel Angel Pérez a un mes de prisión en suspenso por el delito de injurias en una querella iniciada por Guillermo Kelly, el juez Fernando Larrain desestimó la aplicación de la doctrina de la "real malicia" porque entendió que su aplicación corresponde sólo a personas que desempeñan funciones públicas y no a aquella "que por diversas circunstancias, ha adquirido notoriedad pública". La jurisprudencia de los Estados Unidos establece lo contrario.

7 de marzo: Desconocidos ingresaron de madrugada en el edificio del diario Provincia 23, de Tierra del Fuego, y se llevaron documentación sobre investigaciones que involucraban al gobierno de José Estabillo. El director del periódico, Alberto Centurión, indicó que personas no identificadas dieron vuelta cajones y armarios de archivos e ingresaron en las computadoras del jefe de redacción para luego llevarse información de las computadoras y carpetas con documentos. En cambio, no se llevaron nada de valor material, ni equipos fotográficos ni computadoras, ni entraron a la administración donde podrían haber encontrado dinero. El diario Provincia 23 venía publicando una serie de notas sobre supuestas irregularidades en la licitación del puerto de la ciudad de Río Grande y en la contratación de una consultora por parte del gobierno provincial para la emisión de bonos.

9 de marzo: Dos días después de los destrozos en la redacción del diario, el periodista Norberto Coll, jefe de redacción de Provincia 23, fue amenazado de muerte. Diez minutos después de que Coll terminara de hablar por una radio local, su mujer atendió un llamado telefónico en el que le dijeron: "Decile a ese hijo de puta que los próximos son ustedes dos".

9 de marzo: El periodista Manuel Romani, conductor del noticiero del Canal 4 Video Sur de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, es atacado a machetazos por Adrián Caballero, un capataz de Obras Públicas de esa ciudad, mientras filmaba un camión municipal que se había caído en una zanja. El lunes a las 11 de la mañana Romani estaba haciendo unas tomas del camión que se había caído en un zanjón del tendido cloacal. Caballero intentó impedir la grabación. Como el periodista continuó con las tomas, el funcionario municipal sacó un machete de su camioneta y lo atacó. El periodista trató de cubrirse de los golpes con las manos pero un machetazo de Caballero le provocó un profundo corte en el pulgar de la mano izquierda. Romani fue llevado al Sanatorio Santa Fe de la capital provincial y operado. Luego de realizarle una microcirugía de reconstrucción, el cirujano del sanatorio, Ricardo Jullier, informó que "no recuperará totalmente la movilidad y la sensibilidad del dedo".

11 de marzo: Carlos Arestequi y Elvira Bustos, camarógrafo y cronista de Crónica TV, fueron demorados en San Nicolás por orden del juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N 2 de esa ciudad. Ambos periodistas fueron indagados por el magistrado sobre cómo habían obtenido el material periodístico que estaban grabando en el momento de ser detenidos. El documento que despertó la curiosidad del magistrado que lleva adelante la investigación de la muerte de Carlos Menem Yoma fue un "recurso de reposición" presentado por Zulema Yoma. Luego de la presentación, la vocera de la ex primera dama entregó copias del mismo a los periodistas presentes. El camarógrafo de Crónica TV estaba haciendo un paneo de las cuatro carillas del escrito cuando fue interrumpido por un funcionario del juzgado e introducido al edificio de los tribunales en calidad de "demorado". Una vez delante del juez Villafuerte Ruzo, Arestequi y Bustos tuvieron que explicar cómo había llegado a sus manos el documento. La Constitución Nacional protege en su artículo 43 el secreto de las fuentes de información periodística.

18 de marzo: El productor Oscar Abudara Bini acusó al Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales de cometer un acto de censura previa al no hacer efectivo el pago de un crédito ya aprobado por el instituto para la realización de una película que trata sobre un presidente argentino de ficción. Abudara Bini denunció también que el instituto dirigido por Julio Maharbiz había enviado el guión de la película al Partido Justicialista -y más específicamente a su titular, Carlos Saúl Menem- para su estudio.

19 de marzo: El jefe de redacción del diario Hora Cero de Paraná, Nerio Quiñones, denunció ante la jueza Susana Medina de Rizzo agresiones y amenazas contra él y su familia por parte de un militar retirado, miembro del partido político del ex coronel Mohamed Alí Seineldín, contra el cual había publicado artículos. La Subsecretaría de Interior de Entre Ríos dispuso una custodia para la familia de Quiñones.

20 de marzo: El gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, inició una investigación para confirmar si 35 periodistas santafesinos tenían sus teléfonos intervenidos. La medida fue dispuesta a causa de una denuncia del periodista Carlos Fornés, corresponsal capitalino de emisoras del interior.

25 de marzo: La Editorial Perfil fue condenada por la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones, en lo Civil a pagar 150.000 dólares, más intereses, al presidente Carlos Saúl Menem por haber "violado su derecho a la intimidad", en un artículo aparecido en la revista Noticias. Allí se narraba la relación de la diputada provincial de Formosa Martha Meza y el actual presidente, de donde nació Carlos Nair Menem, de 16 años, los regalos que el presidente hizo a la mujer y la carrera política que ella desarrolló a partir de esa relación. El juez Claudio Kiper sostuvo que "la vida afectiva o familiar de un funcionario público, en tanto no se vincule con aspectos propios de su actividad, está al margen de la curiosidad malsana de terceros. Y debe ser celosamente protegida por el ordenamiento jurídico". Adhirió la jueza Elsa Reinoso de Gauna. En cambio, el juez Marcelo Achaval sostuvo que "no puede negarse que existe un interés público en el conocimiento de circunstancias que se refieren a aspectos propios de la vida privada de aquellas personas que inciden en el destino de la comunidad. Con más razón cuando en sus manos se concentra la conducción misma del país". Los tres dejaron sentado que Noticias no mintió. La historia del hijo extra matrimonial de Menem ya había sido publicada el 6 de marzo de 1993 en Correo Semanal de Paraguay, por lo que la historia ya era conocida por muchos formoseños, y por la periodista Gabriela Cerruti en su libro "El Jefe".

27 de marzo: El periodista y empresario Daniel Hadad fue denunciado penalmente por presunto delito de tentativa de extorsión por los hermanos Carlos y Remo Fioroni, ex licenciatarios de Radio Argentina. La querella se basa en supuestas amenazas, ofrecimiento de dinero y otras presiones que Hadad, por sí y mediante otras personas, habría ejercido sobre los Fioroni para que estos abandonaran anticipadamente la frecuencia AM 1110, que ocupaba Radio Argentina. Los hermanos denunciaron que desde mayo de 1997, sufrieron amenazas telefónicas el juez que entiende en la causa de la quiebra de Radio Argentina, Juan Roberto Garibotto; la esposa del síndico y el abogado de ellos; incluso, el Ejército Argentino inició un desalojo anticipado del predio de su propiedad donde se ubicaba la planta transmisora y los visitaron, al mismo tiempo, seis inspectores de la DGI y del Comfer.

27 de marzo: El fotógrafo Oliverio Toscani decidió levantar una muestra de su obra fotográfica que iba a ser exhibida en el Centro Cultural Recoleta, luego de que una de sus fotos para la firma Benetton fuera censurada. De los 60 posters de Toscani que integraban la muestra fueron colgados todos menos uno que reproduce la imagen de dos adolescentes vestidos de sacerdote y monja besándose. La decisión de excluir la imagen surgió de la directora del centro, Teresa Anchorena, porque, según declaró a La Nación, no quería herir los sentimientos de los católicos. A raíz de la conmoción causada por la censura de la foto, la funcionario revió su decisión.

28 de marzo: La jueza en lo civil Mabel de los Santos condenó al periodista Bernardo Neustadt, al canal de televisión Telefé y a la señora Zidanelia Pacheco de Maronese a pagar 80 mil pesos por "daños morales" y "daños y perjuicios" a la jueza en lo civil, Elisa Matilde Díaz de Vivar. Durante un programa de televisión que se emitió en 1993, la mujer había formulado lo que la justicia consideró una ofensa al honor de la jueza. La sentencia reconoce que Neustadt advirtió a su interlocutora que fuera cuidadosa con la honra ajena y que en una emisión posterior descalificó los cargos contra la magistrada, lo cual torna más endebles los fundamentos de la sentencia que lo castigó.

31 de marzo: Luego de ser levantado del aire, el periodista Herman Schiller, conductor del programa "Memoria y Realidad" por Radio Jai, denunció que la decisión del propietario de la emisora era en realidad "una expulsión" y no una cuestión económica como afirmaba la empresa. "Podría decir que es una radio judía de derecha", dijo Schiller, "y yo no soy de derecha. Yo estoy muy comprometido con las luchas populares en Argentina".

ABRIL

6 de abril: La Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que impuso al diario Norte, de Resistencia, Chaco, una indemnización de 30.000 pesos o dólares a un funcionario del Banco del Chaco, por "daño moral". Once años atrás el diario había publicado una carta entregada en la redacción por una persona que se identificó como Raúl Sinat, donde se criticaba el desempeño del jefe de asesores legales del banco Juan Carlos Rudaz Bisson. El afectado inició una querella por calumnias contra Sinat pero este desconoció ser el autor, inspirador o firmante de la carta y la causa se dirigió entonces en contra del diario, propiedad del ex gobernador de Corrientes, Raúl Romero Feris. Según la Corte Suprema, el diario no verificó la identidad del firmante, publicó la carta con formato y título de nota periodística y no realizó ningún esfuerzo para chequear el contenido de la acusación.

6 de abril: El intendente de Morón, provincia de Buenos Aires, Juan Carlos Rousselot, denunció como violación de su privacidad y del secreto bancario la difusión periodística de sus gastos personales, por más de 50.000 dólares en dos meses: "Informo a la comunidad que absolutamente todos mis gastos personales tienen como origen ingresos profesionales legítimos, privados, que se justifican impositivamente con mis pagos al día ante la DGI y mis declaraciones juradas anuales", sostuvo, sin explicar el origen del dinero.

7 de abril: El gobernador de Jujuy, Carlos Alfonso Ferraro denunció en un seminario lo que llamó "la dictadura de los medios de comunicación", que someterían su gestión a "acoso". Ferraro llegó a la política por su éxito como periodista de televisión. Ante un pedido de aclaración dijo que era "una dictadura apasionante la que nos marcan los medios de comunicación", un "aguijón permanente" al que hay que responder si se desea convivir en democracia.

8 de abril: La periodista Daniela Roldán del diario La Mañana, de Bolivar, provincia de Buenos Aires, es amenazada telefónicamente a raíz de notas publicadas en ese medio. La llamada es atendida por Viviana Exertier, compañera de trabajo, a quien un hombre de voz soberbia le pregunta quien firma con las iniciales D.R. Como el llamado le resulta sospechoso, la periodista pregunta quien habla, a lo que la voz responde: "Podríamos decir que un enemigo. Que no escriba más porque le vamos a quemar el boliche. Decile que se cuide porque no me gusta como le hace las notas a Vanzán y Holgado". La voz se refiriría a artículos en los que se citaba a los dirigentes sindicales Graciela Vanzán y Jorge Holgado, secretario general del Sindicato Argentino de Televisión. La voz agregó: "Que se cuide Holgado, que no hable más porque tiene tres pibes".

9 de abril : A raíz de un artículo periodístico y de declaraciones en las que denunciaba el pago de sobreprecios en una contratación informática de la Corte Suprema de Justicia, ese tribunal citó al columnista del diario Página/12, Ariel Garbarz, "para ratificar o rectificar" esas expresiones "y aportar los elementos que obren en su poder, a los efectos de una eventual denuncia penal". Garbarz se negó a concurrir, aduciendo que la Corte carecía de facultades para citar a un periodista si no existía una causa judicial. La Corte no insistió, admitiendo tácitamente su extralimitación.

9 de abril: El corresponsal en Perú del diario argentino Clarín, Angel Páez, es blanco de constantes amenazas de muerte, sus teléfonos están intervenidos, fue filmado y es objeto de seguimientos permanentes. Los responsables de esta campaña serían los Sevicios de Inteligencia Nacional de Perú. A ésto se suma una operación de descrédito por parte de la prensa oficialista entre la que se encuentra el diario fujimorista El Chino, que publicó un suplemento especial destinado a desacreditar a tres hombres de prensa, entre ellos Páez.. Desde el 18 de julio de 1997 se sabe que Páez, tambien jefe de la unidad de investigación del diario limeño La República, es una de las 100 víctimas de escuchas ilegales ordenadas por Vladimiro Montesinos, hombre de confianza del presidente Alberto Fujimori y jefe de los servicios secretos. A partir de asunción de Fujimori en 1990, ha habido 19 periodistas asesinados por distintas razones alegadas, desde robos comunes a acciones terroristas.

12 de abril: El asesor y enviado especial a las Américas, Thomas F. McLarty, y el asesor de prensa de la Casa Blanca, Sidney Blumenthal, dijeron que el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se opone a las leyes que en distintos países de América castigan con penas de prisión a periodistas por calumnias e injurias. La Argentina es uno de ellos. Al anunciar el apoyo de su gobierno a la creación de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la CIDH, McLarthy dijo que "el Relator será un defensor de la libertad de prensa y no un ombudsman que controle el profesionalismo de los medios de comunicación". En un artículo publicado en el diario New York Times McLarthy sostuvo que desde 1988, casi 200 periodistas en el continente ofrendaron su vida en el cumplimiento de su deber. "Miles más han sido amenazados, encarcelados o censurados. ¿A quién hieren esos abusos? No sólo a los periodistas. Cuando un periodista es asesinado o intimidado, la democracia es herida. La libertad de prensa es el derecho de los ciudadanos a recibir información, y todos los ciudadanos sufren cuando se reprime la expresión. Los periodistas han apoyado la causa de la democracia y de la rendición de cuentas en Latinoamérica, al exponer casos de corrupción e investigar a delincuentes", dijo.

13 de abril: La UNESCO propuso a los 186 países asociados que adecuen sus leyes para que los asesinatos de periodistas se conviertan en crímenes sin prescripción. En su resolución 120, la UNESCO instó a los gobiernos a crear instrumentos para combatir la impunidad y a perfeccionar sus legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes estén ejerciendo el derecho a la libertad de expresión

14 de abril: La Casa del Periodista del Círculo de Prensa de Santiago del Estero fue asaltada por desconocidos que revisaron documentación y se llevaron carnets en blanco, un padrón de afiliados y la carpeta con las últimas reformas al estatuto de la entidad.

15 de abril: El senador nacional por el partido Cruzada Renovadora de San Juan, Alfredo Avelín, exigió al programa "Caiga quien caiga" que no emitiera una entrevista por entender que fue obtenida "a partir de un accionar doloso". Avelín invoca el artículo 1071 bis del Código Civil y la ley 21.173.

16 de abril: El camarógrafo de Telefé Noticias, Julio Barrios, y su asistente Javier Soria, fueron agredidos a golpes en la inauguración de la 24º Feria del Libro por simpatizantes del presidente Carlos Saúl Menem. "Había dos mil policías uniformados afuera y nosotros adentro desprotegidos", dijeron. Los disturbios comenzaron cuando un manifestante insultó al presidente.

16 de abril: La Corte Suprema de Justicia condenó al diario Página/12 a publicar una réplica del asesor presidencial Domagoj Antonio Petric a una información según la cual habría intervenido en el reclutamiento de mercenarios para ser enviados a Croacia.

17 de abril: La cronista de Telefé Noticias, Florencia Gilardón, fue amenazada de muerte en la ciudad correntina de Goya mientras cubría las inundaciones en el litoral. La amenaza habría provenido de personas allegadas a la intendencia cuyo titular es Raúl Romero Feris. Según la hermana Martha Pelloni la intimidación textual fue: "Vas a ser arrojada desde un helicóptero al río", y el motivo, haber informado sobre la falta de medicamentos en el hospital de Goya.

17 de abril: En la sala de prensa de la Segunda Cumbre de Presidentes Latinoamericanos se realizó un seminario sobre "La libertad de prensa y la consolidación de la democracia en América Latina", organizada en forma conjunta por Periodistas, The Freedom Forum, el Comité para la Protección de Periodistas de Nueva York y la Sociedad Interamericana de Prensa. Asistieron invitados periodistas de diez países de América y el director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. También se hicieron presentes y dirigieron la palabra a los asistentes el presidente, el vicepresidente y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Carlos Ayala, Claudio Grosman y Jorge Taiana. El seminario se dividió en tres paneles sobre "El marco jurídico para la libertad de prensa", "La prensa como centinela de las incipientes democracias" y "Convergencia de intereses entre grupos de derechos humanos y periodistas". Por las entidades organizadoras participaron Suzanne Bilello, de The Freedom Forum; Joel Simon, de CPJ; Danilo Arbilla, de la SIP y Horacio Verbitsky, de Periodistas.

19 de abril: La declaración final de la Segunda Cumbre de Presidentes americanos, que sesionó en la capital de Chile, incluyó un expreso apoyo a la creación de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

21 de abril: El periodista de Página/12 Andrés Klipphan recibió insistentes amenazas escritas y telefónicas, para él y su familia. A raíz de ellas, el diario decidió relevarlo de la cobertura que había hecho hasta ese momento de la reestructuración policial en la provincia de Buenos Aires y el asesinato de Cabezas.

22 de abril: El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), que reune a los propietarios de periódicos de la Argentina, José Claudio Escribano, dijo que la prensa argentina no había sido recia "en la crítica contra los hombres que se excedieron en el ejercicio del poder" durante la última dictadura militar, de 1976 a 1983. "Debemos lamentar no haber alzado más la voz, porque hubiéramos contribuido a la salud de la República", dijo durante una cena de la entidad a la que asistió como invitado especial el Jefe de Estado Mayor del Ejército.

22 de abril: El bloque justicialista en el Senado aprobó un proyecto de resolución criticando una información publicada por el diario La Nación. Los legisladores de la Unión Cívica Radical calificaron de "disparatado" el proyecto y dijeron que era agraviante contra el diario.

23 de abril: Fue creada la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, integrada por 24 legisladores de las distintas bancadas, y presidida por Carlos Balter, del partido Demócrata de Mendoza. La equivalente del Senado es presidida por el senador por el partido Autonomista de Corrientes, José Romero Feris. Los diputados pusieron la comisión bajo la advocación de una frase de Mariano Moreno: "Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila". También dijeron que las libertades de expresión y de prensa eran componentes vitales de la sociedad democrática pluralista y del estado de derecho. "Su preservación resulta necesaria para nuestro sistema político porque ellas contribuyen a las demás libertades que, en su ausencia, tienden a debilitarse y desaparecer".

23 de abril: Durante la reunión del gabinete nacional, tres funcionarios criticaron a la prensa. El ministro de Acción Social, Alberto Mazza, se quejó de que "no me publican las gacetillas que envío". La secretaria de la Función Pública, Claudia Bello, dijo que "parte de la culpa (por la mala imagen de la acción de gobierno en torno de las inundiaciones), la tienen los periodistas". El titular de la obra social de los trabajadores jubilados (PAMI), Víctor Alderete, agregó que "los periodistas siempre dicen las cosas malas que pasan en el gobierno". Fueron refutados por el ministro del Interior Carlos Corach, quien les pidió prudencia y dijo que los diarios habían tratado con bastante objetividad las inundaciones en el Litoral.

23 de abril: La sala I de la Cámara del Crimen procesó por privación ilegítima de la libertad a dos ex policías que en 1995 habían detenido a tres manifestantes políticos por manifestarse en contra del presidente Menem. Según la policía, los jóvenes habían sido detenidos por averiguación de identidad y por una supuesta "actitud sospechosa". Los camaristas Carlos Tozzini y Edgardo Donna sostuvieron que las detenciones revelarían "una conducta tendiente a coartar la libertad de manifestación de los jóvenes" y sostuvieron que la detención por averiguación de antecedentes debe estar fundada en evidencias serias. El doctor Guillermo Rivarola votó en disidencia.

24 de abril: La juez de faltas de la ciudad de Mendoza, Mónica Araujo de Carranza, condenó a un fotógrafo del diario Los Andes a tres días de prisión en suspenso por no identificarse ante un cabo de la Policía, ofenderlo y turbar la tranquilidad pública. El fotógrafo sancionado es Delfo Rodríguez, sufjefe de la sección Fotografía, quien fuera amenazado de muerte por la policía mendocina el 4 de octubre de 1997 antes del comienzo de un partido de fútbol. Ese mismo episodio es el que le valió la condena de la jueza Carranza, quien no tuvo en cuenta los maltratos a los que fue sometido el reportero luego del entredicho con el cabo porque debían ser resueltos en el fuero penal, adonde envió copia de la causa (ver informe anual de Periodistas 1997).

26 de abril: El jefe del Gabinete de Ministros, Jorge Rodríguez, refutó informaciones sobre la acción de su gobierno ante las inundaciones atribuyendo al periodismo "la intención" de "darle un mensaje de desesperanza a la gente. Y la prueba son las obras que ya se hicieron". Agregó que los periodistas "que hablan y dicen lo contrario lo hacen sentados cómodamente frente a una computadora".

26 de abril: El juez correccional de Córdoba Daniel Molinari Moyano condenó al director del diario La Voz del Interior, Luis Eduardo Remonda, a un mes de prisión en suspenso y al pago de 150 mil pesos por "daño moral"por supuestas injurias a un empresario de máquinas tragamonedas. El diario había publicado declaraciones formuladas por ex policías a la Justicia en el expediente por el asesinato del senador provincial Regino Maders, y la querella fue iniciada por una de las personas que esos testigos mencionaron. La sentencia incluye considerandos ajenos al contenido de la querella, que revelan hostilidad contra la prensa. "Algunos medios han hecho escarnio vil de la persona del Presidente. Se han mofado de sus creencias religiosas, sus antepasados, su familia, su matrimonio, sus crisis íntimas, sus desvelos como padre, y en la más ruin de las agresiones han querido burlarse de su dolor", dijo. También llamó "deshonestos" a quienes "temieron y temen que se legisle sobre el derecho de réplica" y a "quienes bregaron por conseguir que se derogase, como conducta punible, el desacato".

MAYO

6 de mayo: Durante una entrevista periodística con el director de la revista Noticias, Héctor D'Amico, el juez federal Norberto Oyarbide le dijo que "a usted lo estuve investigando por presunto tráfico de drogas, pero no encontré nada y cerré la causa". D'Amico explicó luego que la causa se había iniciado por una denuncia anónima y que el juez había ordenado intervenir sus teléfonos. Por similares denuncias anónimas se iniciaron causas penales contra los periodistas Jorge Lanata y Marcelo Longobardi, pero los jueces María Servini de Cubría y Carlos Liporaci las desestimaron in limine, dada su ostensible falta de asidero. En cambio Oyarbide abrió una investigación, de la que no dio parte a D'Amico, hasta el día en que este quiso hacerle una entrevista. Según el periodista "el único propósito de esta maniobra absurda era intervenir nuestros teléfonos. Lo lógico era que se allanara la redacción de la revista un jueves a la tarde para verificar si yo les vendía 'éxtasis' a los periodistas en medio del cierre de la revista. Las falsas denuncias para que se pinchen los teléfonos de los periodistas en forma legal, legal entre comillas, es una típica operación menemista a través de sus jueces adeptos para espiar nuestra labor". El abogado de Oyarbide, Juan Pedro Cortelezzi, negó que tal orden se hubiera impartido. Longobardi dijo que a pesar de que el juez Liporaci le aseguró que había cerrado la causa, cuando cinco meses después anunció en su programa de televisión un informe sobre las propiedades del presidente Menem en Anillaco, un funcionario del gobierno le advirtió a modo de amenaza "acordate que tenés una causa por narcotráfico".

12 de mayo: La Corte Suprema de Justicia decidió que la audiencia de absolución de posiciones en el juicio del presidente Carlos Menem contra periodistas y directivos del diario Página/12 no se realizara en el juzgado sino en la Casa Rosada. Menem había iniciado la acción a raíz de un artículo de Horacio Verbitsky, quien sostuvo que no había encontrado ningún elemento que avalara la afirmación presidencial de haber sido torturado durante su detención bajo la dictadura militar. La jueza correccional María Laura Garrigós de Rébori absolvió a Verbitsky, al editor Fernando Sokolowicz y al director Ernesto Tiffenberg en diciembre de 1996. Dijo que Verbitsky no sólo había ejercido un derecho sino que había cumplido con su deber "de informar a la sociedad sobre asuntos de evidente interés público, correlato del derecho colectivo de recibir información". El presidente inició también una causa civil por el mismo artículo y solicitó el privilegio de responder por escrito a las preguntas de la otra parte. El juez de la causa y la Cámara de Apelaciones habían dispuesto que Menem debía concurrir a la sede del juzgado civil del doctor Claudio Ramos Feijoo. Pero cuando faltaban pocas horas para la audiencia, la Corte Suprema dispuso que se mudara de escenario, a la sede del Poder Ejecutivo, dado "el trastorno institucional que puede derivar de la obligatoria concurrencia del Presidente de la República a absolver posiciones en las dependencias del Poder Judicial". En Estados Unidos el presidente William Clinton debió abandonar la Casa Blanca para asistir a la absolución de posiciones con Paula Jones, sin que se produjera ninguna perturbación institucional.

14 de mayo: La policía de Misiones detuvo durante 24 horas al director de la revista Mensaje, Aníbal Kovalski, a uno de sus fotógrafos, Sixto Fariña, y a dos asistentes comerciales, Daniel Julián y Luis Zubrzycki, ante una denuncia de la hermana del gobernador provincial. Zulema Puerta dijo que se asustó cuando alguien que no se identificó como periodista comenzó a tomarle fotografías en la ciudad de Apóstoles, a 70 kilómetros de la capital, Formosa. "No sabía si me querían matar o secuestrar", dijo. En ese momento una camioneta, conducida por un empleado de la empresa yerbatera propiedad del gobernador embistió el auto de los periodistas, que fueron a denunciar el choque a la comisaría, donde se enteraron de la acusación de la hermana del gobernador, quien los acusó de "violación de domicilio, hurto e intento de extorsión". Kovalski negó los cargos y lo atribuyó a "la persecución del gobierno contra Mensaje, porque hemos decidido dar a conocer la corrupción que existe". Recordó que dos semanas atrás el fotógrafo Fariña había sido retirado a la fuerza por policías de la casa de Gobierno y demorado tres horas en una comisaría.

21 de mayo: El senador Eduardo Menem atribuyó a la prensa el suicidio del empresario Alfredo Yabrán, a quien un ministro de su gobierno había acusado de ser "jefe de la mafia". Según el hermano del presidente de la República "hubo una condena mediática y un acoso periodístico impresionante. Decidió ejecutarse antes de que lo ejecutaran de afuera". Dijo que en las distintas oportunidades en que se había reunido con el hombre de negocios, Yabrán se había quejado de sufrir "una verdadera persecución, inclusive antes de (que mataran a) José Luis Cabezas y después, con mucha razón se sentía perseguido". En su defensa de Yabrán, Menem dijo que "decidió quitarse la vida frente a la imposibilidad de defenderse con este panorama condenatorio total por parte de los medios", frente al cual "a la Justicia le iba a ser muy difícil dejar de dictar resoluciones que no estuvieran bajo la presión muy fuerte de los medios". Los mismos conceptos fueron reiterados una semana después por la diputada justicialista sanjuanina Carmen Caillet quien en una reunión legislativa de la denominada "Comisión antimafia" afirmó: "Esta bien que no se olviden de Cabezas, pero tampoco hay que olvidarse de Yabrán, que fue acosado por la prensa y también por esta comisión".

JUNIO

2 de junio: La Asamblea General de la Organizacion de Estados Americanos, OEA, que se celebró en Caracas, Venezuela, resolvió "condenar enérgicamente los atentados contra el ejercicio de la libertad de prensa y crímenes contra periodistas" e instó a los Estados miembros "a que profundicen las medidas necesarias para que se investigue y se sancione, de conformidad con su legislación interna, los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas". La Asamblea General también destacó "la contribución imprescindible que los medios de comunicación prestan en beneficio del fortalecimiento de los sistemas democráticos en el hemisferio", pidió el apoyo de los Estados miembros a la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión, e instruyó al Consejo Permanente que estudie la conveniencia de elaborar una "Declaración Interamericana sobre la Libertad de Expresión".

2 de junio: El presidente del Partido Justicialista de Misiones, senador nacional Julio César Humada, anunció que su partido había decidido quitar la publicidad de gobierno a los diarios provinciales El Territorio y Primera Edición porque estaba disconforme con su línea editorial. Según Patricio Downes, corresponsal del diario Clarín en Posadas, Humada se molestó con los diarios porque ambos apoyaban la construcción de la represa hidroeléctrica de Corpus, cosa que él prefiere no realizar. Humada también atacó al director ejecutivo de El Territorio, Alvaro Caamaño, y al periodista de Primera Edición Alejandro Barrionuevo.

6 de junio: El presidente Carlos Menem envió al Congreso un proyecto de ley que castiga con penas de prisión la filmación o grabación de actos secretos de funcionarios públicos sin su consentimiento y su reproducción en medios de comunicación. El proyecto, que en apariencia procura proteger la intimidad de las conversaciones telefónicas entre particulares, de ser aprobado impediría el uso de las cámaras ocultas que en los últimos años han permitido desenmascarar a funcionarios de distintos poderes y jerarquías en el momento de cometer delitos.

8 de junio: Se divulga un sondeo de opinión realizado por el Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría sobre 1.140 casos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires: la prensa es la institución con mejor imagen, con el 63% de opiniones favorables, seguida por la Iglesia Católica, con el 54% de imagen positiva. Los partidos políticos, la Justicia y el Congreso cierran la lista, con un número de adhesiones que van del 4 al 5%.

9 de junio: El canal de televisión Telefé emitió un reportaje al ex policía Gustavo Prellezo, preso y procesado por la causa que investiga el secuestro, tortura y muerte de nuestro compañero José Luis Cabezas. Su abogado, David Letieri, declaró a la revista Noticias que la empresa Telefé celebró un contrato por el que pagó una cuantiosa suma de dinero a Prellezo. PERIODISTAS deploró el hecho. "Aunque la carencia de valores morales y de principios éticos del ex policía no significa ninguna sorpresa, sí nos llama la atención -y reinstala el dolor por el crimen- que la empresa haya accedido a pagar el dinero reclamado para tener la palabra devaluada de quien habría perpretado el asesinato del periodista; es decir, de quien habría cometido el más grave atentado a la libertad de prensa desde la restauración democrática", decía el comunicado emitido por la asociación.

10 de junio: La Cámara de Apelaciones en lo Civil condenó al ex ministro de Economía Domingo Cavallo a pagar al periodista Bernardo Neustadt una reparación por daño moral de 15.000 pesos, más casi tres años de intereses, por haberlo mencionado como "influenciable" por un hombre de negocios, a quien el funcionario describió como "jefe de la mafia" del correo y a Neustadt como parte de su dispositivo. En primera instancia la jueza Alicia Alvarez había absuelto al ex hombre fuerte del gobierno del presidente Carlos Menem, pero la sala D de la Cámara, por el voto unánime de sus jueces Domingo A. Mercante, Alberto J. Bueres y Eduardo Martínez Alvarez hizo lugar a la apelación del periodista. Cavallo deberá publicar la extensa sentencia a su costa en diarios y revistas. En cambio la Cámara no hizo lugar al pedido de Neustadt de que la sentencia se publicara también en programas de televisión. Es la primera vez que un funcionario del gobierno nacional debe hacerse responsable por sus agravios a un periodista.

12 de junio: La jueza Mónica Atucha de Ares absolvió a los periodistas Sergio Moreno y Laura Términe y al empresario Esteban Reynal en una querella por injurias iniciada por el ex director de Contrainteligencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado, coronel (R) Rodolfo Solís por una nota publicada en el diario La Prensa el 28 de noviembre de 1994 que informaba sobre la existencia de grupos antisemitas enquistados en la SIDE, uno de los organismos encargado de investigar los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel. La jueza definió al derecho a informar como una de las libertades constitucionales fundamentales. Para demostrar que no era antisemita, Solís había presentado en la audiencia pública amigos y vecinos judíos.

13 de junio: El juez penal de Mercedes, Dante Pietrafesa, condenó al ex jugador de fútbol Diego Maradona a dos años y diez meses de prisión en suspenso por haber disparado sobre un grupo de periodistas con un rifle de aire comprimido en febrero de 1994.

22 de junio: El fotógrafo del diario Perfil Daniel Güidale fue amenazado en la puerta de la cárcel de Caseros por un subcomisario de la Policía Federal, miembro de un grupo de veinte que según la información oficial estaba allí como parte de un curso. Según la denuncia del diario el subcomisario advirtió a sus compañeros que "ahí están los ortibas de siempre", en referencia a los periodistas, mientras le advirtió al reportero gráfico: "Ni se te ocurra hacer fotos". En esa cárcel estaba detenido el ex dictador Jorge Rafael Videla.

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informe anual 1997 / informe del primer semestre 1997 / cronología 1997